SCJN: Ingenieros militares residentes de la obra del AIFA, deben entregar declaraciones patrimoniales y de intereses
Nación
Claudia Bolaños
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se debe entregar la versión pública de las declaraciones
patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares residentes de obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
De esta manera, señaló que es infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra de la resolución del 6 de julio de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en un recurso de revisión, donde se ordena a la Secretaría de la Función Pública dar a conocer dichas declaraciones.
Para llegar a tal determinación, la Corte consideró, entre otros aspectos, que los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como servidores públicos, están sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, por lo que están obligados a la presentación de
declaraciones patrimoniales y de intereses, las cuales deberán hacerse
públicas, en los términos dispuestos por la normativa aplicable.
Además, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no aportó pruebas directas o indirectas para
demostrar que entregar dichos documentos representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional.
Contrariamente a lo aducido por la Consejería, en el asunto ahora resuelto,
los documentos solicitados únicamente permitirían conocer la evolución patrimonial de los 23 ingenieros militares, sin que se demostrara que ello pondría en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional.
Los agravios de la Consejería recurrente, consistentes en que algún día, en el futuro, los 23 ingenieros militares podrían ejercer el mando de una unidad operativa, se basaron en supuestos hipotéticos, futuros e inciertos, sin demostrar que la entrega de las declaraciones patrimoniales y de intereses
obstaculizaría su actuación en ese caso.
Como consecuencia de lo anterior, la Corte confirmó la resolución del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, dictada en un recurso de revisión, el 6 de julio de 2022.
Imagen: Cuartoscuro
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JA/CR
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