Claudia Bolaños
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) debe acatar la suspensión definitiva que ordena que la impresión de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 se realice conforme a los planes y programas aprobados, o de lo contrario se dará vista al superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación.
Así lo definió Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
A través de un acuerdo publicado, menciona que recibió un oficio del titular de la Conaliteg, a través del cual reiteró su imposibilidad para dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNFP).
La juzgadora indicó que la Conaliteg debe acatar lo acordado el pasado 6 de junio, cuando se desvirtuó la imposibilidad que refirió para cumplir con la medida cautelar.
"De ahí que se encuentra obligada a dar cumplimiento a la suspensión definitiva, por lo que de ser omisa se le harán efectivos los apercibimientos formulados para tal efecto”, detalla el acuerdo.
En caso de ser omisa, la Comisión se dará vista al superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, el cual establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que, con el carácter de autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
El pasado 29 de junio, Medina Alcántara determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Conaliteg no acataron la suspensión definitiva, por lo que dio un plazo de 24 horas para que dieran cumplimiento.
Imagen: Cuartoscuro