171 sentencias por aborto en México, una en Zacatecas

Nallely de León Montellano

En Zacatecas está registrada la existencia de un proceso penal por aborto, así como la consecuente sentencia cuya pena no rebasó dos semanas en prisión, sin embargo, la acusada llevó su proceso en libertad.

Una tabla elaborada por la GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) indica que, a nivel nacional, hay un total de 171 consignaciones por el delito de aborto, de las cuales el número de sentencias se reduce finalmente a 127; esto quiere decir que, probablemente, el resto fueron archivadas y otras no permanecen en juicio.

Lo anterior se realizó mediante solicitudes de acceso a la información a los poderes judiciales locales de 31 estados y ciudad de México con el fin de conocer el número de mujeres procesadas y sentenciadas por “el delito de aborto”.

La estadística en Zacatecas no registra actualización sobre interrupciones de embarazo desde 2017, lo que indica que el protocolo de salud para mujeres gestantes quienes deseen someterse a este procedimiento, por cualquier razón, es limitante al grado de poner en riesgo su vida.

En el estado de Zacatecas la Secretaría de Salud orienta a las personas solicitantes a buscar información en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) lo que, en suma con el resto de las secretarías de Salud, pone de relieve fallas en las estadísticas de las mismas y la nula agregación de información.

En consecuencia, estas fallas obstaculizan la facilidad para identificar dónde se encuentran las principales problemáticas tanto locales como nacionales, mismas que afectan de manera importante a las mujeres en edad reproductiva.

Adriana, de 28 años, vive en Durango fue violada sexualmente y secuestrada por Rodrigo, su ex pareja, del que quedó embarazada; previamente, Adriana había estado sujeta a violencia doméstica por parte de Rodrigo.

La Fiscalía la rescató del secuestro y detuvo al agresor. Adriana denunció a Rodrigo por violación sexual; sin embargo, la Fiscalía no le proporcionó información sobre anticoncepción de emergencia, profilaxis para prevenir o tratar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o sobre su derecho a interrumpir legalmente el embarazo.

Adriana decidió no continuar con el embarazo, por lo que solicitó la interrupción legal ante la Fiscalía y enfrentó varios obstáculos para ejercer su derecho a un aborto legal, como falta de información objetiva y actualizada por parte del médico legista, la solicitud de varias pruebas médicas para comprobar el embarazo y demoras injustificadas en la emisión de diligencias ministeriales para que se autorizara la interrupción.

Finalmente, después de que se emitió la autorización por la Fiscalía, pasaron diez días para la práctica del aborto en servicios públicos de Salud, donde no se contaba con personal médico capacitado y disponible.

Durante ese tiempo, Adriana recibió amenazas de muerte constantes de Rodrigo, sin que la fiscalía le diera protección alguna y, meses después, debido a las amenazas de muerte hacia ella y su familia, fue presionada por el abogado de Rodrigo.

Adriana se retractó de las acusaciones realizadas para que éste “saliera libre”. Sin embargo, la Fiscalía de Durango, en lugar de investigar las amenazas y otorgar medidas de protección contra la violencia para Adriana y su familia, la acusó por el delito de falsedad de declaraciones y aborto, solicitando la reparación del daño patrimonial ocasionado.

Desde febrero de 2013, Adriana se encuentra detenida, en un estado de afectación sicológica severa y enfrenta un proceso legal sin las medidas de protección necesarias frente a la violencia.

A pesar de la intervención de GIRE y una organización civil de Durango frente a la falta de debida diligencia de la Fiscalía respecto de la violencia, la autoridad no ha prestado la atención especializada y adecuada al caso, con lo que ha revictimizado a Adriana al incurrir en violencia institucional.

Mónica es menor de doce años de edad, indígena mazateca que no habla español, con residencia en el estado de Oaxaca, en una comunidad alejada de la capital, quien quedó embarazada a consecuencia de una violación sexual cometida por un conocido suyo.

Al denunciar la violación ante el Ministerio Público, solicitó la interrupción del embarazo de conformidad con la legislación penal local y a pesar de que el Ministerio Público otorgó la autorización, Mónica se enfrentó a diversas barreras durante el proceso para interrumpir el embarazo, tales como falta de recursos necesarios para su traslado al hospital público y hospedaje en la ciudad de Oaxaca para ella y su madre, así como de peritos traductores durante el proceso penal y al inicio, durante y después de la práctica médica.

Finalmente, el embarazo fue interrumpido durante la décima segunda semana de gestación.

GIRE participó en el presente caso mediante asesoría jurídica al Ministerio Público para el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos reproductivos de Mónica y asegurar el acompañamiento durante el procedimiento médico y su realización por personal capacitado.

Estos casos ponen de manifiesto los obstáculos institucionales que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho a interrumpir un embarazo producto de violación. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos se trata de niñas víctimas de violación sexual, los cuales se suman a la lista de casos paradigmáticos como el de Paulina, que demuestran las dificultades para que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo producto de violación sexual y enfrenten encima al Ministerio Público y las instancias de salud puedan salir adelante.

La gente pro aborto realmente no está a favor del aborto, el aborto no es algo que alguien desee practicarse o que sea placentero, la gente pro aborto está en favor de la decisión, a partir de la planeación familiar; están en favor de que otras mujeres decidan sobre su cuerpo y sobre su vida, que ninguna niña o mujer sea obligada a parir a fuerzas.

Estar a favor del aborto no significa “querer abortar” sino estar consciente de las realidades de todas las mujeres. La maternidad no es un castigo, sino un hecho que todas deberían escoger entre ser o no madre o no madre.

Y los Provida no están en favor de la vida ellos apoyan la maternidad obligada por una moral de papel. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de salud; la religión de algunos no deben ser la ley de todas.

Hoy quiero defender una de mis convicciones Soy Provida ¿Por qué? Primeramente porque Dios lo ordena en Éxodo 20:30 dice: “No matarás”. Es uno de sus mandamientos, no se tiene que negociar ni nada, es un mandato claro.

Esto incluye a cualquier persona o ser, desde la concepción del feto ya es una vida. La mujer no tiene el derecho de decidir si vive o no ese bebé que está dentro de ella, primeramente ni su vida de ella ni la del bebé son de ella, sus vidas son del dador de la vida, así que si una mujer aborta es lo mismo que matar a una persona adulta, no hay ninguna diferencia, matar es matar, no hay acepción en eso.

Segundo soy Provida porque de un nacimiento de un niño tengo salvación y vida eterna.

He escuchado testimonios de chicas que han pasado por ese proceso difícil y triste y aún les duele pero Dios poco a poco las va restaurando y curando sus heridas y lo que me hace más feliz es que ellas son testimonio para muchas más chicas y de lo que están seguras es que jamás lo volverían a hacer.

Cabe mencionar que Zacatecas ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de embarazos adolescentes, por lo que es necesario promover el acceso a la información sobre anticonceptivos entre los núcleos familiares sin distingo de contexto, además de capacitaciones periódicas en las instalaciones educativas para garantizar acompañamiento y sobre todo la prevención de embarazos no deseados a temprana edad, y por ende abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las jóvenes.

Un embarazo no deseado y por consecuencia un aborto sin acompañamiento puede traer consigo afectaciones sociales y sicológicas para la madre y la familia que la rodea.

Todo esto conlleva un círculo de violencia venidero que a largo plazo estaría afectando considerablemente además de a la madre al resto de la familia y al bebé en cuestión.

Zacatecas sigue en espera de la armonización legislativa, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la despenalización del aborto opere en todo el territorio nacional.

Al parecer, las mujeres no tienen acceso a las causales legales de aborto establecidas en el Código Penal y en las secretarías de Salud, lo que implica una barrera para ellas en ejercicio de sus derechos reproductivos.

“El hecho de contar con causales legales de aborto no garantiza el acceso real de las mujeres a la interrupción el embarazo. Entonces, no basta con elaborar un análisis en abstracto de las normas que regulan el aborto, sino que es necesario analizar el nivel de implementación de la normativa y los obstáculos que en la práctica enfrentan las mujeres que deciden interrumpir un embarazo”.

Hasta el momento, solamente el diputado local Xerardo Ramírez ha presentado una iniciativa en este sentido y a la vez se rumora que el movimiento feminista local presentará una iniciativa ciudadana más ambiciosa que la de dicho legislador.